La racionalidad de la legislación - OptIA
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La racionalidad de la legislación

La racionalidad de la legislación

Columna de Danielle Zaror originalmente publicada en el diario La Segunda

‘No hay una sola persona en Chile que haya denunciado algún menoscabo relacionado con la invasión a su «privacidad mental».

El Congreso Futuro, que se celebra hace casi una década, levantó el año pasado una luz de alerta sobre el riesgo que corría nuestra privacidad mental y, a la luz de esta alarma, se organizó una estrategia que ya tiene dos proyectos de ley sobre neuroderechos en el Senado chileno y el tema, encumbrado en varios medios de comunicación. Ambas iniciativas, sin embargo, tienen defectos de racionalidad legislativa.

Ambos proyectos tienen problemas de racionalidad lingüística, ya sea porque se refieren a materias que tienen escasa o nula acogida en el ordenamiento jurídico nacional, o porque se refieren impropiamente a garantías ya recogidas en nuestra Constitución. En efecto, la privacidad mental que proponen no protege una cosa distinta a lo que ya protege el derecho a la privacidad en su formulación general.

Existen también problemas de racionalidad pragmática. Lo cierto es que frente al tipo de realidad descrita en los proyectos de ley resulta difícil imaginar que se logre el objetivo buscado, por cuanto ese tipo de ‘invasiones a la privacidad mental’ no existen en Chile, ni tampoco en ninguna otra parte del mundo. No hay como adecuar un comportamiento, que es lo que buscan hacer las leyes, a una situación que es hipotética, predictiva (al menos todavía).

Controlar su eficacia se vuelve imposible porque no se ha documentado en ningún lugar que esa invasión de la cual nos quiere proteger la ley haya existido; no hay como, una vez aprobados los proyectos, que estos se transformen en derecho en acción. Este fracaso en la adecuación de conductas es un signo inequívoco de irracionalidad.

Las leyes existen para modificar conductas, producir cambios explícitos en la vida de las personas; en este caso, no se logra vislumbrar de qué manera se cambia el estatus de uno deficiente o defectuoso a uno que se mejora. Una ley que fracasa, o que no provoca ningún efecto, es una ley que erosiona la idea de justicia.

Por último, la decisión legislativa debe mantenerse justificada a lo largo del tiempo; esto significa que la ley se encuentra siempre en un ‘proceso justificativo en curso’: en la medida que la ley es aplicada por los tribunales, obedecida por los ciudadanos, fiscalizada por la autoridad, ella se mantiene justificada. En este caso, los hechos motivantes son puramente especulativos. No hay una sola persona en Chile que haya denunciado algún menoscabo relacionado con la invasión a su ‘privacidad mental’ o algún agravio asociado a alguna ventaja cognitiva artificial. Si proyectos como los analizados llegaran a aprobarse, ella estaría en ‘proceso de latencia’, y tener leyes que regulen el ‘acaso’ pareciera divorciarse de toda idea de racionalidad legislativa.

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